CORRUPCION
No lo digo yo, lo decía decía Tácito, historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano a comienzos de nuestra era, lo explica a la perfección Víctor Lapuente, con Carl Dahlstron, en su imprescindible obra «Organizando el Leviatán» . Porque la existencia de un sistema legal complejo, imbricado de requisitos infinitos y de difícil comprensión abona un terreno de juego que favorece el incumplimiento de las normas, la búsqueda de atajos, y la aparición de grietas por las que se cuelan las interpretaciones que facilitan la corrupción.
La persecución política a medios de comunicación en España (en supuesta democracia) ha sido y es una realidad. En especial la corrupción política instaurada se ceba con la radio comunitaria y asociativa. El motivo es simple: es un medio que precisa concesión administrativa y que los políticos han diseñado para que con numerosas leyes y legislación (como bien indicó el historiador romano Cayo Cornelio Tácito) el margen de legalidad, alegalidad e ilegalidad sea total. Así, una decisión política cacique e interesada, puede convertir al mismo medio radiofónico en subvencionado y apoyado, o en perseguido, cerrado y multado.
Ejemplos CUAC FM defendiéndose de la Xunta Galicia o ANTENA 2000 de Generalitat de Catalunya.
Porque las leyes no hacen milagros. A pesar de la hiperactividad legislativa que periódicamente envuelve a los responsables políticos españoles nacionales y autonómicos, muy guiada por una visión reduccionista que se basa en calificar la productividad de los gobiernos “al peso” de su actividad legislativa (en muchos casos auspiciada por sus medios de comunicación), dando por buena la teoría de la “motorización legislativa”, de Carl Schmitt, los resultados de las normas, en general, y de las normas en materia de corrupción y buen gobierno, en particular, no avalan este enfoque. No tan solo el gasto público en exceso de políticos y estamentos institucionales es brutal y desmesurado, encima deben justificarse creando sin parar normativas y leyes que dificultan la limpieza y transparencia del vivir de los administrados.
España ocupa el 62 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, el 10 de la Unión Europea y el 30 a nivel mundial. De hecho, en la encuesta especial del Eurobarómetro de 2020 sobre la corrupción, el 95 % de los consultados en España (frente a un 71% de media en la UE) afirma que la corrupción está muy extendida, y el 58 % señaló verse afectado personalmente por la corrupción en su vida cotidiana (frente a la media de un 26% de la UE). Casi nueve de cada diez empresas españolas, hasta el 88 %, consideran que la corrupción en España está bastante o muy extendida, cuando la media de la UE es del 63 %. Un dato demoledor que parece no afectar demasiado a políticos con una cada dura más grande que sus cuentas en paraisos fiscales.
Ante esta situación, debemos preguntarnos ¿Qué papel juegan las leyes? La multitud de normas, de todo tipo, leyes, reales-decretos leyes, reales decretos y otros instrumentos como instrucciones, normativas, circulares o informes apócrifos, en muchos casos, inconexas con el ordenamiento jurídico, incoherentes e incluso contradictorias con otras normas, crea espacios de inseguridad, océanos de incertidumbre, donde los corruptos, los irregulares, se mueven con comodidad. Es decir, muchas y malas leyes, apoyan la afirmación de Tácito.