Por la libertad en
los medios de comunicación

Una de las primeras medidas que tomaron los socialistas al llegar al poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue terminar con la libertad de expresión, mediante la expropiación de “todos los recursos técnicos y materiales necesarios para la publicación de periódicos, libros y otras publicaciones de imprenta…”. Capítulo V, inciso 14 de la Constitución de la URSS, que entró en vigor en 1918, hace 103 años. En Venezuela el gobierno socialista clausuró y expropió periódicos, radiodifusoras y televisoras.  Los gobiernos corruptos y falsos defienden la libertad de expresión cuando son oposición y la suprimen o limitan cuando se convierten en gobierno.

En México durante el siglo XX los gobiernos neo-socialistas controlaron los periódicos mediante el monopolio del papel de periódico a través de la empresa estatal Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA), que era la única que podía importar papel periódico, y se lo negaba o cobraba caro al periódico o revista que criticara al Presidente reiteradamente. En 1985 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, bajo el mandato del corrupto Jordi Pujol, clausuró y expropió Radio 2000, modesta estación radial ciudadana del barrio de Sant Josep en Hospitalet, Barcelona. Los equipos y materiales jamás fueron devueltos a sus propietarios.

Actualmente, a los medios electrónicos que precisan ondas como la radio y televisión se les controla al considerar las señales transmitidas por el aire como propiedad del Estado, como en España y otros países sin libertades reales. Esto abona todo tipo de favoritismos, corrupción, y control de esos importantes medios. En Estados Unidos las estaciones de radio y televisión requieren solo de un permiso o autorización para operar legalmente, como cualquier empresa, y no pueden clausurarlas o expropiarlas por supuestas violaciones a un título temporal de concesión que expide arbitrariamente la administración de turno cuando así lo decida el poder político. En España, y especialmente en Cataluña, el resultado es devastador para la libertad de prensa y el derecho fundamental de la la libertad de expresión y de pluralidad esencial. La persecución, cierres de estaciones de radio y televisión en Cataluña, irregularidades en concesiones y emisiones, y en otras regiones de España ha sido vergonzoso en las décadas de la "democracia". La Justicia no ha estado a la altura, siendo más cómodo dejarse llevar por la simplicidad de poseer o no concesión es sinónimo de grupo de comunicación legal o ilegal, dejando de lado la triste y cruda realidad de podredumbre y corrupción que se encuentra escarbando tan siquiera un poco.

No hay una completa libertad de expresión en los medios masivos electrónicos de comunicación, cuando su supervivencia depende de una concesión que se le otorga o retira a voluntad del gobernante en turno y de los intereses del partido político al que pertenece o de su círculo de poder.

Si queremos una completa libertad de expresión, que tiene su principal base en la propiedad privada de los medios de comunicación, no en una propiedad concesionada, hay que cambiar el término concesión por el de permiso o autorización para la radio y la TV. El término concesión implica la propiedad originaria del Estado de la radio y la TV. Hay que desmantelar los controles a la libertad de expresión y superar entornos de censura, que como en los gobernantes absolutistas históricos, se creen dueños de todo: concesionan y les quitan tierras, fábricas o derechos a comerciar a quienes les viene en gana y conviene.

No podemos presumir de democracia en España siendo, en realidad, copia barata y disimulada de dictadura.