Luchando por la libertad

"Cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene"
Publio Cornelio Tácito​

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EDUARD SANZ, ¿CORRUPCIÓN O IGNORANCIA?

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Asociación de Damnificados ADEART

A.D.E.A.R.T. (Asociación de Damnificados por los Errores e Irregularidades de la Administración) reúne a todos aquellos ciudadanos o colectivos que han sido maltratados por decisiones erróneas y perjudiciales de cualquier administración, local, autonómica, estatal o europea. Estas decisiones y actos administrativos en demasiadas ocasiones son realizados por personas con poder desde sus cargos públicos a sabiendas, con la finalidad de perseguir o acabar con la actividad profesional o personal de los ciudadanos, o de favorecer descaradamente a grupos o personas amigos o del partido. Esto no es tolerable si de verdad estamos en estados democráticos, transparentes y con Justicia.

Esta asociación ciudadana sin ánimo de lucro comenzó luchando contra las barbaridades e injusticias realizadas por los poderes públicos en contra los medios de comunicación y radios de FM independientes y libres. A voluntad y capricho político se lanza la orden de ser perseguidas y cerradas por diversos funcionarios, todo siempre enmascarado burdamente por normativas y legislaciones que se aplican aleatoriamente, o que la propia administración incumple. La corrupción y barbaridades realizadas desde hace décadas es España y Cataluña es brutal. La justicia mira hacia otro lado, quizás porque son conscientes de que mover algunas cloacas gigantes del poder institucional puede hacer tambalear el propio sistema.

Tan solo la UNIÓN de todos nosotros y si despierta la Justicia, dando con jueces justos y honrados, pueden poner freno a la alta corrupción política que, dicho sea de paso, se encuentra entre la principal preocupación en las encuestas a la población tanto española como en el resto de Europa. Despertar y UNIRSE es muy importante.


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CORRUPCIÓN EN ESPAÑA


CORRUPCIÓN EN ESPAÑACORRUPCIÓN EN ESPAÑA
“Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes”.
No lo digo yo, lo decía decía Tácito, historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano a comienzos de nuestra era, lo explica a la perfección Víctor Lapuente, con Carl Dahlstron, en su imprescindible obra «Organizando el Leviatán» . Porque la existencia de un sistema legal complejo, imbricado de requisitos infinitos y de difícil comprensión abona un terreno de juego que favorece el incumplimiento de las normas, la búsqueda de atajos, y la aparición de grietas por las que se cuelan las interpretaciones que facilitan la corrupción.

Porque las leyes no hacen milagros. A pesar de la hiperactividad legislativa que periódicamente envuelve a los responsables políticos, muy guiada por una visión reduccionista que se basa en calificar la productividad de los gobiernos “al peso” de su actividad legislativa (en muchos casos auspiciada por sus medios de comunicación), dando por buena la teoría de la “motorización legislativa”, de Carl Schmitt, los resultados de las normas, en general, y de las normas en materia de corrupción y buen gobierno, en particular, no avalan este enfoque.

España ocupa el 62 lugar sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, el 10 de la Unión Europea y el 30 a nivel mundial. De hecho, en la encuesta especial del Eurobarómetro de 2020 sobre la corrupción, el 94 % de los consultados en España (frente a un 71% de media en la UE) afirma que la corrupción está muy extendida, y el 58 % señaló verse afectado personalmente por la corrupción en su vida cotidiana (frente a la media de un 26% de la UE). Casi nueve de cada diez empresas españolas, hasta el 88 %, consideran que la corrupción en España está bastante o muy extendida, cuando la media de la UE es del 63 %. Un dato demoledor.

Ante esta situación, debemos preguntarnos ¿Qué papel juegan las leyes? La multitud de normas, de todo tipo, leyes, reales-decretos leyes, reales decretos y otros instrumentos como instrucciones, normativas, circulares o informes apócrifos, en muchos casos, inconexas con el ordenamiento jurídico, incoherentes e incluso contradictorias con otras normas, crea espacios de inseguridad, océanos de incertidumbre, donde los corruptos, los irregulares, se mueven con comodidad. Es decir, muchas y malas leyes, apoyan la afirmación de Tácito.

Concepción Campos

CENSURA EN ESPAÑA


CENSURA EN ESPAÑACENSURA EN ESPAÑA
Una de las primeras medidas que tomaron los socialistas al llegar al poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue terminar con la libertad de expresión, mediante la expropiación de “todos los recursos técnicos y materiales necesarios para la publicación de periódicos, libros y otras publicaciones de imprenta…”. Capítulo V, inciso 14 de la Constitución de la URSS, que entró en vigor en 1918, hace 103 años. En Venezuela el gobierno socialista clausuró y expropió periódicos, radiodifusoras y televisoras.  Los gobiernos corruptos y falsos defienden la libertad de expresión cuando son oposición y la suprimen o limitan cuando se convierten en gobierno.

En México durante el siglo XX los gobiernos neo-socialistas controlaron los periódicos mediante el monopolio del papel de periódico a través de la empresa estatal Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA), que era la única que podía importar papel periódico, y se lo negaba o cobraba caro al periódico o revista que criticara al Presidente reiteradamente. En 1985 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, bajo el mandato del corrupto Jordi Pujol, clausuró y expropió Radio 2000, modesta estación radial del barrio de Sant Josep en Hospitalet, Barcelona.

A la radio y televisión las controla al considerar las señales transmitidas por el aire como propiedad del Estado, como en España. Esto abona todo tipo de favorismos, corrupción, y control de esos importantes medios. En Estados Unidos las estaciones de radio y televisión requieren solo de un permiso o autorización para operar legalmente, como cualquier empresa, y no pueden clausurarlas o expropiarlas por supuestas violaciones a un título temporal de concesión que expide arbitrariamente la administración de turno cuando así lo decida el poder político. El resultado es devastador para la libertad de prensa y el derecho fundamental de la la libertad de expresión y de pluralidad esencial. La persecución, cierres de estaciones de radio y televisión en Cataluña, irregularidades en concesiones y emisiones, y en otras regiones de España ha sido vergonzoso en las décadas de la "democracia". La Justicia no ha estado a la altura, siendo más cómodo dejarse llevar por la simplicidad de poseer o no concesión es sinónimo de grupo de comunicación legal o ilegal, dejando de lado la triste y cruda realidad que se encuentra escarbando tan siquiera un poco.

No hay una completa libertad de expresión en los medios masivos electrónicos de comunicación, cuando su supervivencia depende de una concesión que se le otorga o retira a voluntad del gobernante en turno y de los intereses del partido político al que pertenece o de su círculo de poder.

Si queremos una completa libertad de expresión, que tiene su principal base en la propiedad privada de los medios de comunicación, no en una propiedad concesionada, hay que cambiar el término concesión por el de permiso o autorización para la radio y la TV. El término concesión implica la propiedad originaria del Estado de la radio y la TV. Hay que desmantelar los controles a la libertad de expresión y superar entornos de censura, que como en los gobernantes absolutistas históricos, se creen dueños de todo: concesionan y les quitan tierras, fábricas o derechos a comerciar a quienes les viene en gana y conviene.

No podemos presumir de democracia siendo, en realidad, copia barata y disimulada de dictadura.

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ADEART - Asociación de Damnificados por los Errores e Irregularidades de la Administración. Clasificación General: SOCIAL. Clasificación especifica: Derechos cívicos, sociales y de la persona. Registro 38490 Dirección General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Spain


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