El juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, dictaba este lunes un auto de imputación por un presunto delito de terrorismo para dos de los principales cabecillas políticos del procés: Marta Rovira, segunda de Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC) y Carles Puigdemont, líder de Junts. Una decisión que no sólo parece haber complicado las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el 'sí' de los siete diputados de la formación para su investidura sino que, además, abre la vía de la Justicia europea para neutralizar una amnistía de la que el único que no podrá beneficiarse será el propio Puigdemont.
De acuerdo con el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.