
Agustí Gallart i Teixidó, quien fuera director general de Radiodifusión y Televisión de la Generalitat de Catalunya, deberá dar explicaciones ante el Juez, que ha aceptado la petición de los abogados que defienden los intereses de la histórica emisora de radio barcelonesa. Agustí Gallart será el primero en tener que responder por las contradicciones que actualmente dañan la imagen y el proyecto de dicho medio de comunicación; a él se unirán otros directores, funcionarios y técnicos de la Direcció General de Mitjans de Comunicació adscrita al Departament de Presidencia de Generalitat de Catalunya, que también deberán responder ante la Justicia y los letrados de la radio. Las declaraciones y respuestas serán por escrito, al haber tenido en cuenta su avanzada edad.
Agustí Gallart i Teixidó ejerció ese cargo de 1984 a 1997 y está vinculado históricamente al proceso de regularización de la emisora Antena 2000 Radio. El 25 de enero de 1995, siendo Gallart Director General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, él mismo firmó y asignó a la cadena la catalogación definitiva de "Emisora Cultural 1004/96" prometiendo un título habilitador próximo. En 1997 se despidió del cargo enviando una carta personal al director de la radio D. Luis Daniel Ramírez donde "pedía perdón por las irregularidades de su departamento y agradecía la paciencia demostrada" alentando a "seguir adelante con el proyecto de emisiones, que eran muy bien vistas por la Generalitat". Este escrito revelador forma parte de la querella actual de los abogados de Antena 2000 como prueba de cargo contra la actual dirección del mismo departament de la Generalitat, que pretende en la actualidad multar y expedientar al medio "por emitir sin título".
La relación clave y los antecedentes de este caso se resumen en los siguientes puntos:
Luis Daniel Ramírez ha declarado "estar muy cansado y aburrido por el tema de la radio" y por lo que considera atropellos e irregularidades de la Generalitat. Asegura se han generado estos daños y perjuicios evidentes, dejando aparte si las actuaciones de algunos funcionarios, técnicos o directores de la Generalitat contienen derivas penales adjuntas , que deja en valoración a los expertos en derecho penal.